LA TRONCAL
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LA MASACRE DE AZTRA

Introducción

Después de la revolución liberal, Alfaro construyó el ferrocarril que unió la costa con la sierra, por el eje Naranjito – Bucay. El intercambio comercial dio origen a una época de bonanza, a la aparición del Banco Comercial y Agrícola; se estructuró la burguesía agroindustrial.

Recordados inversionistas, como el Sr. Rafael Valdez, que en el año de 1884 creó el primer ingenio del país en Milagro, y el Sr. Carlos Lynch, que organizó el ingenió San Carlos, allá por el año 1882, fundaron la agroindustria azucarera, que trajo por primera vez el fenómeno de la migración interna: grandes masas de campesinos paupérrimos, solos al inicio, y después con sus familias, con el grito de “a la Costa”, poblaron los alrededores de los ingenios, favorecidos por la prosperidad económica, y por el ferrocarril, caballo de acero, que en sus lomos transportaba la dulce mercancía.

Pronto entraron en la competencia Luz María, Santa Rosa de Chobo, Supaipungo, El Cóndor, Eulalia, Chonanana, Esperanza, San Pablo, La Compañía y otros ingenios.

A mediados del siglo pasado, un grupo de empresarios comandados por Alfonso Andrade Ochoa, Ernesto Jouvin Cisneros, José Salazar Barragán, Rafael Andrade Ochoa y Juan Eljuri, fundaron la Compañía Aztra, con un capital de 425 millones de sucres (17 mil dólares), y lo afincaron en la zona cañarí, beneficiándose de una ley especial dictada con el afán de permitir el desarrollo de la zona centro norte sur del Ecuador.

La consolidación de la industria azucarera trajo como consecuencia los asalariados agrícolas, casi esclavos en sus inicios, y que nosotros conocimos de cerca aquí en La Troncal, cuando llegaron por miles para sembrar con su esfuerzo, con músculo y machete, desde mayo hasta diciembre, para después cosechar casi nada por sus esfuerzos.

Los truncos sueños de días mejores, trajeron el descontento y el levantamiento de los trabajadores en busca de mejoras salariales y otras justas reivindicaciones, que fueron brutalmente reprimidos el 18 de octubre de 1977.

El Segundo Contrato Colectivo firmado entre los trabajadores y la Compañía Aztra garantizaba en el Art. 39 que éstos percibirían el 20% de la elevación del precio de quintal de azúcar; se había autorizado jurídicamente de parte de la dictadura militar que nos gobernaba, elevar de 135 a 220 sucres; lo cual significaba 85 sucres de alza, que multiplicado por la producción del ingenio, esa zafra llegaba a la suma de 28.171.176 sucres, que debían constituir las regalías para los trabajadores y sus familias. Pero jamás se reconoció este derecho de parte de los ejecutivos de la empresa.

Luego de agotar todo el trámite jurídico, el martes 18 de octubre, a las seis de la mañana, las diferentes organizaciones sindicales, especialmente la Asociación de Trabajadores Agrícolas (ATA), tomaron las instalaciones del ingenio Aztra, respaldados jurídicamente según el Código de Trabajo vigente en aquella época.

A las seis de la tarde de ese mismo día, previa orden policial, se produjo el desalojo brutal e inhumano, violento y sanguinario… El 19 de octubre, muy por la mañana, empiezan a flotar en el canal del ingenio Aztra los múltiples trabajadores mártires de esta fecha histórica y dolorosa, que es necesaria recordarla en la memoria colectiva para que jamás se vuelva a repetir.


Masacre de Aztra
Publicado en el Semanario Punto de Vista Nº 241, 20-10-1986, Quito- Ecuador


Aquella tarde del 18 de octubre de 1977 los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra merendaban tranquilamente, junto con sus mujeres y sus pequeños hijos, sin pensar siquiera lo que les iba a suceder minutos más tarde. Esa mañana se tomaron las instalaciones del Ingenio exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo que estipulaba el pago del 20 % del alza del precio del azúcar. La dictadura, congraciándose con los Noboa, los Valdez, los Ponce Luque, subió el quintal del 220 a 300 sucres.

Entre tanto, el Gerente General de Aztra, Coronel (r) Jesús Reyes Quintanilla, enterado de la huelga, mantuvo contactos con el Ministro de Trabajo, Coronel (r) Jorge Salvador y Chiriboga; con el de Gobierno Bolívar Jarrín Cahueñas; con el Gerente de la Corporación Financiera Nacional, Alberto Quevedo Toro y con el triunviro, General Guillermo Durán Arcentales. Con una agilidad sorprendente, el mismo día el Subsecretario de Trabajo, doctor Arturo Gross C., declaró la huelga ilegal y pidió al Coronel Bolívar Jarrín Cahueñas que “disponga lo que el departamento de su digno cargo estime legal”. Jarrín Cahueñas inmediatamente envío una comunicación al Comandante General de Policía, Alberto Villamarín Ortiz, en la que textualmente manifestó: “agradeceré a usted, se digne disponer, se proceda al desalojo inmediato de los trabajadores de dicho ingenio que se encuentran apoderados de la fábrica impidiendo su normal desenvolvimiento”.

A las 5 de la tarde llegó de Babahoyo a La Troncal el destacamento la Peñas, compuesto por 100 policías fuertemente armados al mando del Mayor Eduardo Díaz Galarza. En el interior del ingenio se encontraba el Mayor Lenin Cruz, conocido elemento represivo, al mando de una dotación policial que desde semanas atrás se encontraba custodiando las instalaciones.

Las fuerzas represivas estaban dispuestas y en seguida se ejecutó la masacre. Un tal Teniente Viteri, megáfono en mano, les concedió dos minutos para que los trabajadores, mujeres y niños abandonen el lugar. El único sitio de escapatoria constituía una pequeña puerta, que bien podría compararse con una puerta de dormitorio…Por ahí debían salir 2000 personas… y en dos minutos. Los trabajadores replicaron con vivas a la huelga y se aprestaron a resistir con sus machetes, pero los policías armados con lanzabombas, metralletas, fusiles, bombas de mano y garrotes, arremetieron brutalmente.

Con alevosía y premeditación dispararon y golpearon a los hombres y niños obligándoles a lanzarse al profundo canal de riego, donde muchos, ya heridos, perecieron ahogados. Fruto de esta acción perecieron más de cien personas.

A las ocho de la noche, el Mayor Díaz comunicó a sus superiores que la “orden había sido cumplida a cabalidad”. El crimen había sido consumado. La Ley de Seguridad Nacional aplicada.

La dictadura, para encubrir su crimen, fabricó una versión –que nadie creyó- con la cual hacía responsables de la masacre a los dirigentes laborales, e inventó un supuesto “plan terrorista internacional”. Los cadáveres desaparecieron y según se dice fueron arrojados a los calderos del Ingenio, mientras a otros se los dejó sepultados en el fondo del canal.

Los dirigentes fueron perseguidos y tomados presos; se allanaron sus domicilios. La población de La Troncal, donde la lucha de los zafreros continuaba, fue militarizada. La dictadura desconoció a los legítimos representantes laborales e infiltró a varios agentes de seguridad con el objeto de montar una directiva corrompida que llegó incluso a condecorar a los responsables del asesinato.

Las reacciones de repudio en varias ciudades del país e incluso a nivel internacional no se hicieron esperar. Los trabajadores de los ingenios San Carlos y Valdez declararon una huelga solidaria indefinida. En Cuenca se suspendieron los festejos de noviembre y en toda la ciudad se colocaron crespones negros en señal de luto. En distintos sectores del país se efectuaron manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, algunas de las cuales se prolongaron por varias semanas.

Aztra se dio en el marco en el cual la dictadura ponía en marcha el “plan de retorno a la democracia”, exigiendo como requisito previo un “clima de paz y de orden” que en la práctica significó la vigencia de decretos anti-obreros, ilegalización de la Unión Nacional de Educadores, de la CEDOC y la FESE, encarcelamiento de dirigentes obreros y del magisterio, represión al clero progresista y asesinato a dirigentes campesinos como Mardoqueo León y Rafael Perugachi. Fruto de esta política, los conflictos laborales bajaron de 285 en 1975 a 171 en 1977 y a 117 en 1978.

En medio de la campaña electoral, el binomio Roldós Hurtado prometió que no habría perdón ni olvido para los responsables de la masacre de Aztra. Cuando asumió el poder, en agosto de 1979, el ofrecimiento fue olvidado. La dictadura no fue fiscalizada, el crimen quedó en la impunidad.

El Congreso, que se reinstaló luego de 9 años de receso, conformó una comisión investigadora que emitió un informe favorable y que hacía pensar que la justicia llegaría. Pero la función jurisdiccional, controlada por al alianza Concentración de Fuerzas Populares-Partido Conservador-Partido Liberal, no fue más allá de la destitución de dos jueces de la provincia del Cañar.

A nueve años de la masacre, los responsables, cómplices y encubridores se pasean impunemente por las calles, pensando que el tiempo borrará de la memoria del pueblo su horrendo crimen.

Algunos jefes policiales fueron ascendidos, los militares que gobernaron en la época ocupan altos puestos en el gobierno, los jueces que absolvieron a los culpables no han sido sancionados. Para los trabajadores…olvido, para las responsables…perdón. ¿Hasta cuando?


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ALCALDE: ECON. JOSE VICENTE CARVAJAL MAITA.
UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS: ING. IVAN ROMERO JARA.
UNIDAD DE TURISMO: LCDA. NANCY ORELLANA PARRA.